Imperio del pueblo

Alexander A. Ramírez M.

En varias ocasiones hemos escuchado el concepto de democracia como el imperio de la ley, sin embargo tenemos un problema de principio en esta afirmación.

La ley no las hemos dado nosotros mismos y no dejan de ser convenciones que usamos para estructurar nuestra realidad y resolver nuestros problemas. La ley sirve de marco para garantizar el ejercicio de nuestras obligaciones y la defensa de nuestros derechos.

Aunque nos sometemos a la legalidad de forma individual, los pueblos nos hemos dado un marco para la convivencia, que si bien se nos impone, siempre tenemos la potestad como colectivo de discutirlas, debatirlas, aceptarlas, desobedecerlas (cuidado con esto, tiene consecuencias) y cambiarlas.

Un escenario democrático en el que un gobernante usa la ley para reprimir y desconocer la voluntad del pueblo, es propicio para defender la legalidad. Si la voluntad es desconocida por ley, se deben procurar los cambios necesarios que lo faciliten. Si los caminos se obstruyen, no le queda otra opción al pueblo que insistir y debatir las leyes. Otros podrán decir que se deben desconocer, pero la realidad es que esto tiene consecuencias. El camino civil pasa por la paciencia para luchar por lo que se cree como colectivo. Desobedecer es un camino, pero que seguramente tendrá consecuencias. Si el compromiso con el cambio implica desobedecer, nos encontramos en el borde de la legalidad.

Este es un escenario peligroso ya que el orden se debe preservar y la sabiduría del pueblo debe sopesar las desventajas de ejercer su poder originario de la democracia fuera de toda legalidad.

El artículo 350 de la constitución venezolana legaliza el desconocimiento a las leyes, legislación o autoridad se vuelve en contra de su pueblo. Este precepto es tan amplio que pone en peligro el respeto a las leyes. El problema radica en la supuesta discrecionalidad del que la invoca y también en la discresionalidad del que la “protege”.